El Gobierno Regional (GORE) de Áncash recibió cuatro multas por S/271 550 tras incumplir y no subsanar en reiteradas ocasiones las advertencias del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis) sobre el incumplimiento de la cuota de empleabilidad, retraso en la atención de información y restricciones de accesibilidad en su sede central.
Al respecto, la Contraloría General de la República detectó que, el 14 de mayo de 2022, la entidad regional recibió una sanción del Conadis por 12 Unidades de Imposición Tributaria (UIT) -equivalente a S/55 200- al no cumplir el mínimo de empleados con discapacidad (el 5% de total de trabajadores). La multa fue cancelada en su totalidad sin acogerse al beneficio de pago oportuno para reducirla al 50%.
Misma situación ocurrió en julio de 2024. Conadis volvió a multar al GORE Áncash con 15 IUT (S/77 250). En esta ocasión, la sanción fue por incumplir nuevamente la cuota de empleo y por retrasos injustificados en la atención de requerimiento de información. La penalización económica se encuentra en cobranza coactiva por un monto reajustado de S/38 625, según contraloría.
La gubernatura de Áncash, otra vez, recibió dos multas en menos de cinco meses en 2025. En junio, la entidad regional recibió una sanción de 15 UIT por las misma causales y, en noviembre, se le notificó una penalización económica de 11 UIT (S/ 58 850) luego de que se detectara incumplimiento las normas de accesibilidad para personas con discapacidad en el entorno urbano y en las edificaciones dentro de la sede central.
En ambos casos, el GORE Áncash no presentó un recurso de reconsideración, tampoco apeló ni se acogió al beneficio de reducción de la multa por pago oportuno. En consecuencia, existe una afección proyectada a la entidad regional por S/177 725 en etapa de cobranza, según alertó la Contraloría General de la República en su informe de acción de Oficio Posterior N.º 064-2026-2-5332.
«A pesar de que existían beneficios para reducir las multas hasta en un 50%, los funcionarios omitieron realizar las gestiones financieras pertinentes, por lo que perdieron la posibilidad de acogerse a dichos beneficios ocasionando un mayor desembolso y el reconocimiento de deudas pendientes de pagar», señaló la dependencia fiscalizadora.
«El informe de Acción de Oficio Posterior fue notificado al gobernador regional de Áncash para que adopte las acciones que correspondan en el ámbito de sus competencias, a fin de atender o superar el hecho con indicios de irregularidad y, de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidades que correspondan», puntualizó.
